Inquilinos plantean diferencias con el proyecto de Cambiemos y le responden a los inmobiliarios

ARGENTINA.- Los ciudadanos nucleados en el grupo Inquilinos organizados se manifestaron respecto de la solicitada y las cartas enviadas a la presidencia del Concejo Deliberante por el colegio de Corredores Inmobiliarios. Asimismo, plantearon algunas objeciones al proyecto presentado por el concejal Hernández ya que, entienden, “el alquiler no es un consumo”, según expresó a esta Agencia Daniel Villagra y apuntó a la necesidad mejorar las condiciones de acceso al derecho a la vivienda.

“Lo  que nosotros queremos lograr es que la vivienda tenga un carácter público, por eso esta oficina, pública, lo que viene a establecer es un servicio a la ciudadanía, tanto a los inquilinos como a los propietarios”, explicó y consideró que, a diferencia del proyecto de Hernández “tiene que ser una Defensoría del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo y no en Defensa del consumidor”.

Polémica por la supuesta inconstitucionalidad

Respecto del carácter inconstitucional planteado por la entidad que nuclea a los corredores inmobiliarios, los inquilinos hicieron una serie de aclaraciones a través de un documento: “De ninguna manera nuestra pretensión es, como mencionan ustedes, ‘crear un sistema de control preliminar obligatorio a cargo del municipio, como requisito indispensable para poder concretar la locación de un inmueble lo cual es lisa y llanamente inconstitucional'”. Sobre estas expresiones aseveraron que la idea del control preliminar obligatorio “no figura en ninguno de los puntos del proyecto de Defensoría del Inquilino” y agregaron que sí hacen mención a “la creación de un Registro de Inmuebles para alquilar, y que sería de carácter voluntario”.

Uno de los argumentos de las inmobiliarias para rechazar la iniciativa es que esta iría en contra del Código Civil, pero los inquilinos dieron vuelta el guante: “ya que se nombra el Código Civil, justamente, lo que venimos a plantear el que el mismo no se está cumpliendo y no existen respaldos ante tal incumplimiento. Si vamos a mencionar la inconstitucionalidad de alguna parte, en ese sentido, quienes están yendo en contra de la legislación argentina son muchos propietarios y también numerosos inmobiliarios”, advierte el escrito.

A modo de ejemplo, Villagra sostuvo que la norma aludida establece que no se puede aumentar cada seis meses y también determina que los impuestos municipales y provinciales los debe pagar el propietario, pero “en la mayoría de los casos los paga el inquilino”.

Intervención, buena o mala según la ocasión

Por otro lado, los Inquilinos organizados se mostraron sorprendidos por la crítica al “corte intervencionista” que tendría el proyecto, “pues es el mismo Estado provincial, mediante la Ley 9.739 quien crea vuestro Colegio y le brinda, por su intervención, privilegios al mismo”.

Respecto del cuestionamiento planteado señalaron que con la propuesta se busca “un posible respaldo para el inquilino; el Estado como tercero imparcial entre propietarios de inmuebles e inquilinos con potestad de emitir informes técnicos y de convocar mediaciones voluntarias extrajudiciales específicas de locaciones; y que los actores del mercado inmobiliario cumplan lo que tengan que cumplir, bajo las normas jurídicas actuales o las que vendrán”.

Evitar el reclamo judicial

Por otro lado, insistieron y manifestaron la necesidad de evitar el reclamo judicial ya que “los costos de la judicialización son prohibitivos para los inquilinos” es por eso que plantean que “los servicios prestados por esta defensoría deben ser públicos”.

En ese sentido, hicieron la observación de que la mediación propuesta por el Colegio de Corredores no es gratuita y resulta inaccesible “si una de las partes no es una inmobiliaria. Es por eso que resaltamos que el espíritu de la norma es el de ser una propuesta superadora, en tanto contempla que no todos los inquilinos alquilan por las inmobiliarias, autopropuestos únicos actores del mercado inmobiliario”.