Entre la disyuntiva entre tarifas y obra pública, el Gobierno intenta cumplir con el déficit fiscal

Argentina.- Los dichos del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, respecto a la imposibilidad de ejecutar la obra pública si se frena en la Justicia el tarifazo para los servicios de electricidad y gas, hacen emerger otra dificultad de fondo: la intención del Gobierno de conseguir este año que la meta de déficit primario represente 4,8% del PBI. Por ese motivo, si se debe dar marcha atrás con la reducción pautada para los subsidios energéticos, deberá disminuirse otro gasto dentro de la administración pública nacional.

"Si la Corte frena por mucho tiempo la corrección tarifaria, vamos a tener que recortar la obra pública", aseguró Prat-Gay en una entrevista televisiva. Si bien reconoció el de la obra pública es una "de las turbinas que tenemos demoradas", puso en duda la posibilidad de ejecutar este gasto.

Los subsidios al sector energético alcanzaron en el primer semestre $ 58.965 millones, un 16% menos que en igual período de 2015, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). De ese total, el 82% fue absorbido por Cammesa, que tiene a su cargo las compensaciones a la generación eléctrica. Con una incidencia inferior, también se cuentan las asignaciones para Enarsa, por $ 5500 millones, responsable de la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno.

Y, para este año, aún restan ejecutar, según lo pautado en el presupuesto, $ 57.029 millones de los $ 115.994 millones estipulados para transferencias corrientes al sector energético. Sin embargo, una marcha atrás en el tarifazo, que llevaría cierto alivio a los bolsillos de los consumidores, implicaría una erogación mayor.

Prat-Gay había estimado a principios de año, cuando presentó los objetivos en materia de política fiscal para 2016, que la reducción planeada para este año en los subsidios era de 1,5 puntos del PBI. Del déficit primario de 2015, de 5,8% del producto, entre las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri (como baja de retenciones, entre otros) y la "normalización", tal como lo llamaron oficialmente, se llegaba a 7%, aseguraban. De ese porcentaje se pensaba bajar 1,5 puntos en subsidios, y otros 0,8, de "reordenamiento del gasto" para llegar al 4,8% fijado como meta para este año.

Por otro lado, para obra pública se presupuestó para 2016 un total de $ 181.087 millones y, según explicó el economista Rafael Flores de ASAP, hasta ahora se ejecutó, según la evolución del gasto devengado, $ 70.560 millones, monto que equivale a 39% de lo pautado para el año. Restan para ejecutar obra pública $ 110.527 millones.

"Tendremos que recortar en otro lado, vamos a tener que buscar $ 80.000 millones a otro lugar", dijo el ministro sobre la posible decisión del máximo tribunal y afirmó que ese monto equivale a la obra pública de la segunda mitad del año.

También el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, había fijado la semana pasada en el mismo monto el gasto extra que tendría el Gobierno, si la Justicia falla en contra del ajuste tarifario.