Buenos augurios: En Mayo se reactivará la obra pública

ARGENTINA.- El acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y las empresas constructoras por una deuda de $580 millones que aún mantiene el Estado está próximo a cerrarse, lo que reactivará en pocas semanas las obras que están paralizadas. La oferta dispone cuatro escalas que van desde el millón de pesos hasta los $7 millones en adelante, lo que define el porcentaje que se cancelará en bonos o en efectivo.

Después de numerosas reuniones entre los miembros de las firmas privadas y los ministerios de Hacienda y de Economía, Infraestructura y Energía, se acordó la forma de cancelación de los casi $600 millones atrasados.

Según explicó Jorge Sanchís, presidente de la Cámara de la Construcción, se establecieron cuatro escalas diferenciadas:

*Las deudas que no superan el millón de pesos se abonarán en efectivo en tres cuotas.

*Las que van desde $1 millón a $3 millones se pagarán un 75% en bonos y el 25% restante, en tres pagos en efectivo.

*La tercera escala va desde los $3 millones a los $7 millones y se acordó que el porcentaje sea 85% a 15%.

*Mientras que para las deudas mayores a $7 millones será el 100% en bonos.

Una vez que se oficialice el acuerdo cada empresa en particular deberá estampar su firma, y progresivamente se irán activando las obras que están estancadas.

"Llevará mínimo 15 días y, con muy buena suerte las obras se reactivarían desde el 20 de abril o en los primeros días de mayo", informó el empresario.

Los mismos plazos son los que manejan desde el Ministerio de Infraestructura, que además del tema de la deuda están a la espera de que llegue el grueso de los fondos nacionales, que servirá principalmente para activar obras viales y de vivienda.

El plan a futuro

La decisión del ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, ante la falta de fondos que impide dar inicio a nuevas obras, es darles prioridad a todas aquellas que están comenzadas pero estancadas.

Para eso se definieron dos aspectos que darán vía al destino de los recursos. El primero son los proyectos a los que le falte menos tiempo para cortar cintas, "sin importancia de lo político, tomando como ejemplo el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), donde las más avanzadas son las de Maipú, San Martín y San Rafael, todas comunas justicialistas", señaló Vaquié.

El segundo se divide en tres tipos de operatorias, que incluye arreglos y reparaciones de escuelas; casas y arreglos de viviendas; e infraestructura social básica como cloacas, agua, gas y luz eléctrica.

"Detrás de cada obra hay una empresa que conoce qué ritmo es el que la provincia le ha priorizado de acuerdo a los fondos que nuestro ministerio tiene acordado con el de Hacienda. No queremos que vuela a pasar esto que se les deba dinero".

La única posibilidad de que se comiencen iniciativas nuevas será a partir de financiamiento de organismos bilaterales como el Banco Mundial o el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), o de pura y exclusiva inversión nacional, como la construcción de la doble vía Mendoza-San Juan.

Las que no figuran como "prioridades" deberán esperar, como la conclusión del estadio cubierto o la segunda etapa del metrotranvía hacia Las Heras.

Para reactivar los barrios del IPV el Gobierno invertirá $1.240 millones, de los cuales $729 millones serán aportados por la Nación y $387 millones por la Provincia. El objetivo es entregar en un año 22 barrios (852 viviendas), y en los próximos 14 a 20 meses otros 27 (982 casas).

"Para nosotros es un tema social significativo, no sólo por las viviendas para los sectores más humildes o desfavorecidos, sino también por la mano de obra que genera", explicó Vaquié.

En cuanto a la reparación de escuelas se invertirán $95 millones, de los cuales $64 millones serán para arreglos, $6 millones para la compra de bienes como muebles y herramientas, y otros $25 millones para ampliaciones. El trabajo se realizará en 497 instituciones.

Además, dentro de un plan de finalización de más de 180 obras que se ejecutarán entre 2016 y 2017 y para el que se destinarán $1.865 millones (incluyendo fondos nacionales) resaltan 32 obras de infraestructura social básica. Incluyen provisión de agua potable, construcción de redes cloacales y de redes de agua, y demandarán más $195 millones.