Ley de alquileres, favor de acordarse

Desde hace meses que nadie habla de la ley de alquileres. O, mejor dicho, desde hace meses que sólo hablan de la ley de alquileres los sufridos inquilinos y propietarios. Sin embargo, a nivel político el tema parece haber sido tapado por la dinámica tan cambiante de la realidad argentina.

Se trata de una ley votada en plena pandemia que prohibía, por DNU, el desalojo. Se trató de una ley votada por Zoom. Dos años después todo parece haber empeorado.

Previo a esta ley, los aumentos de alquileres rondaban el 30% anual. Propietarios e inquilinos se ponían de acuerdo en cada caso particular y semestralmente definían incrementos de entre el 15 y el 18%. Hoy estamos en presencia de incrementos anuales del 64% y aumentando.

Desde ya, siempre teniendo presente que previo a la sanción de la ley había datos inflacionarios que asustaban pero que no se acercaban a valores bestiales como los actuales que reflejan una inflación interanual superior al 100%.

Cuando países vecinos se atemorizan con porcentajes de inflación anuales del 7%, en nuestro país esos incrementos son mensuales. De esta manera, no hay solución posible. Cualquier modificación que se haga a la ley serán parches. Quienes padecen el tener que alquilar saben mejor que nadie que hoy ya prácticamente no existen departamentos baratos.

De hecho, en lo que son edificios se presentan casos de aumentos de expensas del 50% de un mes para el otro solamente por los gastos comunes. Este ejemplo concreto es consecuencia de un problema inflacionario no resuelto que no permite analizar respuestas lógicas en un escenario económico definitivamente alterado.

Con la antigua ley parece ser que había reglas más claras. Si bien en algunos aspectos no beneficiaban a los inquilinos, la realidad de hoy nos muestra que la actual ley no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios. Y no terminan de encontrarle la vuelta ni unos ni otros.

Hoy en día nos encontramos con la situación menos conveniente para todas las partes: los contratos híbridos. Es decir, contratos en los que propietarios e inquilinos acuerdan por fuera de la ley y toman algunos aspectos la antigua reglamentación junto con otros de la actual. El riesgo es altísimo al no estar enmarcados en la ley (que puede ser mala pero es la que rige estos contratos).

Llegamos a un punto donde todo el arco político debería tomar esta causa como primordial porque se trata del techo de millones de argentinos. La esperanza que nos queda es que al estar por ingresar en un año electoral, esto motive a las autoridades, tanto oficialistas como opositoras, a retomar y tratar con realidad y responsabilidad el tema de la ley de alquileres. A volver a ponerla en agenda.