El Gobierno última detalles para la histórica desregulación inmobiliaria y crece la tensión con los colegios profesionales

El Gobierno avanza en una profunda reforma del mercado inmobiliario que promete generar uno de los debates más intensos del año dentro de la actividad. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, busca modificar aspectos centrales del ejercicio profesional de los corredores inmobiliarios y ya despertó una fuerte resistencia por parte de colegios y entidades del sector.

Según trascendió, es inminente el ingreso del proyecto al Congreso y contempla una amplia desregulación de la actividad. Entre los principales cambios se encuentran la eliminación de la matrícula obligatoria, la supresión del requisito de contar con un título universitario para ejercer, la posibilidad de operar en distintas jurisdicciones sin restricciones y la libre negociación de honorarios y comisiones entre las partes.

La propuesta se enmarca en la estrategia del Gobierno de reducir regulaciones y promover una mayor competencia en distintos sectores de la economía. En este caso, el objetivo sería facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado inmobiliario, impulsar la digitalización de las operaciones y reducir los costos de intermediación para propietarios, compradores e inquilinos.

Un mercado más abierto y digital

El borrador que analiza el Ejecutivo viene en paralelo a lo que había dicho  Federico Sturzenegger sobre la desregulación inmobiliaria hace unos meses y habilitaría a personas físicas y empresas a desarrollar tareas de intermediación inmobiliaria sin los requisitos vigentes en muchas jurisdicciones. Además, promueve la utilización de plataformas digitales, aplicaciones y herramientas tecnológicas para la comercialización de inmuebles y la concreción de operaciones.

Otro de los puntos más sensibles es la eliminación de referencias obligatorias para honorarios profesionales. De prosperar la iniciativa, los costos de intermediación quedarían sujetos exclusivamente al acuerdo entre las partes, sin escalas mínimas ni máximas establecidas por normativas o colegios profesionales.

Desde el oficialismo sostienen que las regulaciones actuales funcionan como barreras de entrada que limitan la competencia y encarecen los servicios. Bajo esta mirada, una mayor apertura permitiría generar un mercado más dinámico y adaptado a los nuevos modelos de negocio vinculados a la economía digital.

La preocupación de los colegios inmobiliarios

La propuesta generó una inmediata reacción entre las entidades que agrupan a corredores y martilleros. Los colegios profesionales consideran que varios de los cambios planteados podrían entrar en conflicto con competencias provinciales y advierten sobre los riesgos que implicaría eliminar los controles existentes.

Entre quienes manifestaron su rechazo se encuentra Marta Liotto, titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI) quien sostiene que la tarea del corredor inmobiliario va mucho más allá de la simple publicación de propiedades. Según explican desde las entidades, el trabajo profesional incluye análisis documental, verificación de títulos, asesoramiento contractual, prevención de fraudes y acompañamiento integral durante todo el proceso de compraventa o alquiler.

Los colegios también destacan que cumplen funciones de capacitación permanente, control ético y aplicación de sanciones frente a irregularidades. Desde el sector aseguran que más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país se realizan actualmente con la intervención de profesionales matriculados.

En este contexto, volvió a tomar relevancia una postura expresada en 2023 por Patricia Bullrich, quien había defendido el rol de los corredores matriculados al considerar que aportan seguridad jurídica y confianza a las operaciones inmobiliarias.

Los argumentos a favor de la desregulación

Del otro lado de la discusión se ubican las organizaciones que respaldan la reforma de desregulación inmobiliaria . Entre ellas se encuentra la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), que considera que el esquema actual restringe la competencia y dificulta la aparición de nuevos prestadores de servicios.

Su presidente, Mariano García Malbrán, sostiene que el eje del debate debe centrarse en la protección del consumidor y no en la preservación de estructuras corporativas. Según esta visión, la matrícula obligatoria constituye una barrera de acceso que reduce la oferta de servicios y mantiene elevados los costos de intermediación.

Los defensores de la apertura también argumentan que las nuevas tecnologías, los sistemas de reputación digital, las evaluaciones de usuarios y los seguros de responsabilidad civil pueden ofrecer mecanismos de control y transparencia más eficientes que algunos esquemas tradicionales.

Un debate que recién comienza

La iniciativa aún se encuentra en etapa de definición, pero ya expone dos visiones opuestas sobre el futuro del mercado inmobiliario argentino. Mientras el Gobierno apuesta por una mayor competencia y digitalización, los colegios profesionales alertan sobre posibles riesgos para la seguridad jurídica de las operaciones.

Con intereses económicos, regulatorios y profesionales en juego, el proyecto promete abrir una discusión que podría redefinir el funcionamiento de una actividad clave para el mercado de la vivienda y las inversiones inmobiliarias en Argentina.