Libertad inmobiliaria: El Gobierno avanza y el sector entra en zona de conflicto

La discusión por la desregulación del mercado inmobiliario dejó de ser una hipótesis y comienza a tomar forma concreta. Impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Gobierno de Javier Milei avanza con lo anunciado hace algunos meses: Un paquete de medidas que podría redefinir por completo el funcionamiento del corretaje en la Argentina. Y los anuncios, según pudo saber informeconstruccion.com podrían ver la luz en los próximos días.

La iniciativa, que tiene como uno de sus principales promotores a Federico Sturzenegger, apunta a eliminar barreras de ingreso, reducir costos operativos y transformar la intermediación inmobiliaria en un servicio plenamente competitivo. Sin embargo, lejos de generar consenso, el planteo volvió a encender una fuerte polémica dentro del sector.

El eje del debate es claro: ¿más libertad implica un mercado más eficiente o abre la puerta a una mayor informalidad?

Qué cambia: del modelo profesional al esquema comercial

La hoja de ruta oficial propone una transformación profunda del sistema vigente. Entre los principales puntos en análisis aparecen la eliminación de la matrícula obligatoria, el fin de las restricciones territoriales para operar y la liberalización total de honorarios.

El diagnóstico del Gobierno es que el actual esquema genera costos elevados y poca competencia. En la práctica, una operación inmobiliaria en Argentina puede implicar gastos de entre el 7% y el 10% del valor de la propiedad, un nivel que, según la visión oficial, limita el acceso al mercado.

Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), el respaldo es explícito y fue la entidad que reabrió el debate. En una reciente publicación que se dio a conocer hace algunos días, su presidente, Mariano García Malbrán, sostiene que la apertura propuesta obligará a los actores a competir en términos reales.

“Si el corretaje se vuelve un servicio abierto, la presión va a estar en el valor que cada uno aporta: marketing, datos, velocidad y experiencia del cliente”, afirma.

En esa línea, desde el sector empresarial consideran que el sistema actual funciona como un esquema corporativo que restringe la competencia y encarece artificialmente el acceso a la actividad. La matriculación obligatoria, que en algunos distritos implica costos millonarios, es vista como una barrera más que como una garantía.

En la publicación reciente que se puede ver aquí, CAMESI emitió varias frases polémicas: 

“Decir que los Colegios garantizan seguridad jurídica es como decir que un peaje garantiza que las rutas sean seguras”.

“El que se adapte y entienda que el negocio cambió, va a dominar el mercado. El que se aferre a viejas estructuras, se va a quedar sin clientes”

La otra cara: riesgos de informalidad y pérdida de controles

Del otro lado, la reacción de los colegios profesionales es contundente. Para estas entidades, la desregulación no implica modernización, sino un retroceso en términos de seguridad jurídica.

Desde el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires advierten que el título universitario y la colegiación no son requisitos arbitrarios, sino herramientas que garantizan transparencia y protección para los consumidores.

“El corretaje inmobiliario no es una actividad menor. Requiere formación, control y responsabilidad. Permitir que cualquier persona intermedie puede derivar en un aumento de prácticas irregulares y operaciones riesgosas”, sostienen.

El punto más sensible es la posible eliminación de los controles disciplinarios. Hoy, los colegios no solo otorgan la matrícula, sino que también supervisan la conducta profesional a través de códigos de ética y tribunales internos. Sin ese esquema, advierten, el sistema quedaría librado exclusivamente a conflictos judiciales posteriores.

¿Profesión o servicio? El núcleo de la discusión

En el fondo, la polémica expone una diferencia conceptual que divide al sector: si el corretaje inmobiliario debe ser considerado una profesión regulada o una actividad comercial.

Desde el ecosistema de empresas y proptech, voces como la de Jorge Amoreo Casotti plantean que Argentina es una excepción a nivel global al exigir título universitario para intermediar en operaciones.

“La seguridad jurídica no la garantizan los colegios, sino los contratos, los escribanos y el sistema legal”, argumentan.

En cambio, desde el esquema tradicional sostienen que esa mirada subestima la complejidad de las operaciones inmobiliarias, que en muchos casos representan la decisión económica más importante de una familia.

Tecnología, competencia y un mercado en transformación

Donde sí aparece un punto de encuentro es en la necesidad de modernizar procesos. La digitalización, la firma electrónica y el uso de herramientas tecnológicas emergen como elementos clave para mejorar la transparencia y reducir tiempos.

Sin embargo, incluso ese consenso parcial se da en un contexto de cambio estructural. El avance de modelos basados en datos, inteligencia artificial y plataformas digitales ya está redefiniendo el rol del corredor inmobiliario.

En este nuevo escenario, la discusión ya no es solo regulatoria, sino también competitiva.

Un debate que recién empieza

La desregulación del mercado inmobiliario no solo plantea un cambio normativo, sino una redefinición del equilibrio entre libertad, control y profesionalización.

Mientras el Gobierno y parte del sector empresarial apuestan a un modelo más abierto y competitivo, los colegios advierten sobre los riesgos de desdibujar los estándares que, aseguran, sostienen la confianza del sistema.

El resultado de esta tensión marcará el rumbo de una actividad clave para la economía y, sobre todo, para millones de decisiones patrimoniales.