Los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires: Más de 20 mil al año

CIUDAD DE BUENOS AIRES.- A pesar de que el derecho a la vivienda figura en la normativa de mayor jerarquía en nuestro país, la Justicia dicta anualmente cerca de dos mil sentencias de desalojo, muchas de las cuales involucran varias familias y siempre gran cantidad de niños y niñas. Solo en 2006, según un informe hecho por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de un total de 87 juicios con sentencia firme informados por la Justicia al Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, el 57% de las causas afecta, cada una de ellas, a más de diez grupos familiares. Muchos son desalojados ilegalmente, sin que siquiera intervenga la Justicia. Las familias, cuando no tienen a dónde ir, quedan a merced de la escueta oferta de soluciones que tiene el Gobierno de la Ciudad para estos casos. El derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, lo único que quedo de la reforma constitucional peronista de 1949, donde se dice claramente que el Estado deberá velar por el derecho a la vivienda. Los tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina ha adherido y que la obligan internacionalmente, tal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos Humanos, entre otros, también reconocen el derecho a la vivienda y la obligación del Estado de realizar acciones concretas para garantizar el acceso a este derecho. Estos tratados a partir de la reforma constitucional de 1994 han sido incorporados a nuestro derecho local con jerarquía constitucional. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también reconoce el derecho y va más allá, comprometiendo al Gobierno a garantizar el acceso a la vivienda con prioridad para los sectores vulnerables (Art. 31). Sin embargo, los jueces permanentemente priorizan el derecho a la propiedad y no dudan en lanzar a una o a cientos de familias a la calle en nombre de su irrestricta defensa. Tienen todas las herramientas, ya que una reforma del Código Procesal Civil y Comercial del año 2001 incluyó la figura del desalojo anticipado que faculta al juez a ordenar el lanzamiento en cualquier momento del proceso, aunque no haya sentencia. Algo similar encontramos en las usurpaciones penales. En 2008 el delito fue traspasado del fuero judicial penal de la nación al fuero contravencional de la ciudad (en el marco de la ley local 2257 y la ley nacional 26.357) y se previó expresamente la restitución anticipada del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del fiscal o juez la disposición del reintegro inmediato de la posesión o tenencia a sus propietarios. En la enorme mayoría de los casos se trata de familias vulnerables que ocupan una casa o un edificio que se encuentra abandonado por años. Otros son inquilinos que no pueden hacer frente a las desmesuradas demandas de los locatarios. También hay gran cantidad de víctimas del abuso de locadores informales que, a pesar de no cumplir con las mínimas exigencias legales para la actividad, consiguen echar a las familias ilegalmente con la complicidad de la policía o simplemente ejerciendo la fuerza. Como suele pasar, cuando no tienen algún familiar o conocido que pueda recibirlos, los desalojados deben recurrir a las soluciones que propone el Gobierno de la Ciudad para estos casos. Básicamente son dos, recibir el subsidio habitacional, consistente en 10 cuotas mensuales de $1800, o ir a los paradores para gente en situación de calle, señala el sitio Notas.org. Estos últimos se encuentran en pésimas condiciones y la gran mayoría están divididos por género, por lo que el grupo familiar necesariamente queda dividido. Tan solo un ejemplo de la desesperación que generan los desalojos y la insuficiencia de las respuestas oficiales: en 2012, 80 familias desalojadas acamparon durante 4 meses en la calle Solis a cuatro cuadras de San Juan sin que el Gobierno diera respuesta alguna. Finalmente levantaron el acampe con una promesa de viviendas en la localidad de Banfield, la cual hoy se encuentra, por supuesto, incumplida. Además de la violencia intrínseca de desalojar a una familia de su hogar, con el desarraigo que esto implica para los chicos que van a la escuela y los adultos a su trabajo, muchas veces los desahucios terminan con lesionados y hasta muertos. Las familias que no tienen a donde ir ante la desesperanza resisten el desalojo y la policía, especialmente la metropolitana que se encarga de la tarea con exclusividad desde su creación, muchas veces se excede en la fuerza necesaria para alcanzar el objetivo. El caso paradigmático de la violencia en desalojos es el del Indoamericano en 2010, donde ante la toma de un predio deshabitado en reclamo de alguna solución a la emergencia habitacional, la metropolitana y la federal desalojaron a cientos de personas con un saldo de 4 muertos. A pesar de la promesa del GCBA y del Gobierno Nacional de construir viviendas para los ocupantes, ni un ladrillo se ha levantado. Hace tan solo unos días fue desalojado el Barrio Papa Francisco, y más de un centenar de familias siguen deambulando por los ministerios ya que han quedado literalmente en la calle. Las mafias y los narcotraficantes que supuestamente se buscaba desmantelar se han reducido a una decena y media de detenidos por resistencia a la autoridad. Cerca de 700 familias han perdido su esperanza, trabajosamente sostenida durante estos meses de ocupación en los que vivieron en pésimas condiciones, de acceder a la vivienda y han vuelto al hacinamiento en casas de sus familiares o conocidos, o permanecen en la calle ya que no tienen a donde ir. Lejos de brindar una solución y garantizar un derecho ampliamente reconocido la Justicia Porteña, el Ejecutivo local y el Gobierno Nacional han priorizado desocupar un predio que estuvo 7 años vacío antes de ser tomado. La emergencia habitacional en la ciudad afecta a mas de medio millón de personas. El gobierno de la Ciudad hoy no tiene ningún plan para ampliar el acceso a la vivienda de los sectores populares. El único programa vigente, Primera Casa BA, es de créditos blandos pero para los que hacen falta requisitos que las personas en situación de emergencia difícilmente puedan cumplir, y además son solo 2500 créditos. Ante este escenario, los desalojos y la violencia que implican se seguirán dando y multiplicando.