Masivo rechazo en todo el país al proyecto de Ley de Libertad Inmobiliaria

El diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni presentó un proyecto de ley al que llamó "Ley de libertad inmobiliaria" y que busca anular requisitos formales y permitir operaciones sin restricciones en todo el país. La propuesta habilita a cualquier persona a operar en el mercado inmobiliario sin requisitos formales, sin restricciones geográficas y con libertad para negociar honorarios.

Entre sus principales puntos, busca suprimir la obligación de inscripción en registros o cámaras profesionales, eliminar límites jurisdiccionales para la actividad y suprimir aranceles fijos o mínimos en las comisiones.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) comentaron que la experiencia internacional demuestra que donde se intentó eliminar los controles, los efectos fueron negativos. “Esta iniciativa no solo pone en riesgo al consumidor, sino que deteriora la calidad del servicio, fomenta la competencia desleal, aumenta los fraudes y debilita uno de los mercados más importantes de la economía”, sostuvo la presidenta de la CIA Nancy Vieitez.

En las últimas horas también hubo un enérgico rechazo en todo el país a este proyecto que busca eliminar la matrícula obligatoria, los requisitos académicos y el control público sobre el ejercicio profesional del sector.

Por ejemplo, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires sostuvo que este proyecto carece de fundamentos técnicos y no promueve la libertad, sino la informalidad. Advirtieron que permitir la intermediación inmobiliaria sin regulación habilitaría prácticas sin control ni formación, en perjuicio de los consumidores.

En un comunicado al que accedió informeconstruccion.com, desde la institución bonaerense sostienen que “el orden legal actual exige matrícula e idoneidad para quienes desean ejercer profesionalmente y cobrar honorarios por su servicio. Este sistema, afirman, protege al consumidor de fraudes o negligencias”.

Sergio Centurión, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chaco, expresó que no avalan un proyecto de estas características. "Entendemos que es un paso hacia atrás respecto de los logros que ya tuvo nuestro país y nuestra legislación a lo largo de los años".

"Los Colegios Inmobiliarios brindan seguridad jurídica a las operaciones inmobiliarias, protege a la ciudadanía y al desempeño profesional. ¿Por qué recurren a nosotros?, porque justamente la mayoría de las personas requiere de un conocimiento técnico que no tiene y le da inseguridad hacerlo por su propio medio", indicó Centurión.

“Estamos totalmente en contra de este proyecto” expuso Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, y confirmó que a nivel nacional se han mantenido encuentros y conversaciones para aclarar los riesgos detrás de la propuesta del legislador nacional.

“Si se libera el mercado para que cualquiera sea corredor, podrían aumentar los hechos delictivos. Se ve a las claras en las denuncias por estafas de loteos y venta de departamentos que hay actualmente”, sostuvo Costela.

Por su parte, el titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, también salió al cruce del proyecto de desregulación de los colegios profesionales impulsado por sectores libertarios. Defendió con énfasis el sistema actual de matriculación, la formación permanente y el rol disciplinario de estas entidades. “Creer que somos parte del problema es desconocer por qué existen los colegios profesionales”, afirmó.

Péndolas consideró “una locura” la propuesta de un registro único nacional para todas las profesiones, sin control de idoneidad ni respaldo institucional. Cuestionó la idea de que el mercado pueda autoregularse y proteger a los consumidores.

En Rosario también alzaron la voz. En este caso Gabriela Ortiz de Urbina, titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), se manifestó  “totalmente en contra” del proyecto del diputado Bongiovanni. “Los corredores inmobiliarios tenemos una formación académica en las universidades. En Rosario tenemos la primera licenciatura en corretaje inmobiliario en el país y en una universidad pública. Creemos que el proyecto no busca la desregulación, sino la desprofesionalización”.