Desregulación inmobiliaria: El Gobierno envía al Congreso el proyecto que pone fin a la matrícula obligatoria

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma que podría modificar de manera significativa el funcionamiento del mercado inmobiliario. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger, busca eliminar distintas barreras de ingreso a la actividad y ampliar la competencia entre quienes participan en las operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles.

Uno de los puntos que más controversia genera es la eliminación de la obligatoriedad de contar con matrícula profesional para desempeñarse como corredor inmobiliario. De prosperar la propuesta en el Congreso, cualquier persona o empresa podría intervenir en operaciones inmobiliarias sin necesidad de estar inscripta en un colegio profesional.

Una transformación del mercado inmobiliario actual 

El proyecto también contempla otras modificaciones orientadas a reducir la regulación vigente en el mercado inmobiliario. Entre ellas se encuentran la eliminación de los honorarios mínimos obligatorios, la flexibilización de las exigencias académicas para ejercer la actividad y la posibilidad de operar en todo el país sin necesidad de matricularse en cada jurisdicción. Además, busca limitar las facultades disciplinarias de los colegios profesionales.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas permitirán aumentar la competencia, facilitar el ingreso de nuevos participantes y acelerar la incorporación de herramientas tecnológicas al negocio inmobiliario. La propuesta también abriría la puerta a plataformas digitales y empresas proptech para ampliar su participación en la intermediación de operaciones.

Desregulación inmobiliaria: Rechazo de los colegios profesionales

La iniciativa despertó un fuerte rechazo entre los colegios de martilleros y corredores inmobiliarios de distintas provincias. Las entidades sostienen que la matrícula profesional constituye una garantía para consumidores y propietarios, ya que asegura estándares de capacitación, responsabilidad profesional y mecanismos de control sobre quienes intervienen en las operaciones.

También advierten que los corredores matriculados cumplen obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos y otros controles regulatorios, por lo que consideran que eliminar esos requisitos podría afectar la seguridad jurídica del mercado.

Aunque el proyecto todavía deberá atravesar el debate legislativo, la propuesta ya abrió una discusión de fondo sobre el futuro de la intermediación inmobiliaria en Argentina. Mientras el Gobierno plantea que la desregulación inmobiliaria favorecerá una mayor competencia y reducirá costos para quienes operan en el mercado, los colegios profesionales sostienen que una flexibilización excesiva podría generar mayor informalidad y disminuir las garantías para compradores, vendedores e inversores.

De avanzar en el Congreso, la reforma marcaría uno de los cambios más importantes para la actividad inmobiliaria de las últimas décadas y podría redefinir la forma en que se desarrollan las operaciones en todo el país.