Desregulación inmobiliaria: Colegios inmobiliarios de todo el país rechazan el plan del Gobierno

La intención del Gobierno de Javier Milei de avanzar con una desregulación inmobiliaria generó una rápida y contundente reacción de los colegios profesionales en todo el país, que cuestionan la iniciativa y advierten sobre posibles efectos negativos en la actividad.

El proyecto, impulsado desde el área que conduce Federico Sturzenegger, apunta a flexibilizar el funcionamiento del sector, eliminando regulaciones que, según la visión oficial, encarecen las operaciones y limitan la competencia. La idea central es abrir el juego a nuevos actores y reducir costos para compradores, vendedores e inquilinos.

Sin embargo, desde los colegios inmobiliarios la lectura es completamente distinta. Las entidades que agrupan a martilleros y corredores coinciden en que la desregulación podría debilitar los controles existentes y afectar la seguridad jurídica de las operaciones, en un mercado donde los montos en juego suelen ser elevados y cualquier error puede tener consecuencias significativas.

En distintas jurisdicciones, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta provincias como Salta, Misiones y Santa Fe, referentes del sector vienen manifestando su preocupación por lo que consideran un intento de desprofesionalizar la actividad. Señalan que el sistema actual, basado en la matriculación obligatoria, no solo ordena el mercado sino que también garantiza un estándar mínimo de formación, responsabilidad y supervisión.

Desde la ciudad de Buenos Aires Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño, advirtió que “la matrícula profesional garantiza formación, control y seguridad en las operaciones” y sostuvo que su eliminación “podría desproteger a los ciudadanos”.

Desde Misiones corredores y empresarios sostienen que lejos de significar una modernización, la medida debilitaría los controles, afectaría la transparencia del mercado y dejaría a los consumidores expuestos frente a operadores sin formación ni respaldo institucional. “Lamentable”, definió Juan Maidana, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Marcelo Crotto, explicó: "La gente se siente mucho más cómoda y segura cuando busca un martillero matriculado; que depende de un Colegio, que lo asesora, que lo capacita, pero que también lo controla; para poder comprar una propiedad". “No sé por qué, en vez de dedicarse a bajar la inflación y controlar la economía del país, se meten a intentar desregular algo que no está regulado”, sentenció el empresario salteño.

Juan Martín Biella, titular de la Cámara Inmobiliaria de Salta, cuestionó la propuesta oficial y planteó que el Gobierno parte de un error conceptual: intentar desregular un sector que, según sostuvo, ya funciona con plena libertad. El eje del conflicto pasa por el rol del intermediario. Mientras el Gobierno sostiene que la competencia reducirá costos y mejorará la eficiencia, los colegios advierten que sin regulación podría multiplicarse la informalidad y aparecer operadores sin formación ni respaldo institucional. En ese escenario, aseguran, los más expuestos serían los propios usuarios.

Iván Vrancich, tesorero del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), coincidió en que “eliminar la matriculación es una desprotección total. Sin control sobre el intermediario, en caso de mala praxis solo queda la justicia ordinaria”, explicó.

Vrancich, en diálogo con Ámbito.com, señaló que los colegios cumplen un rol activo en la resolución de conflictos. “Existen instancias de mediación que permiten resolver situaciones sin llegar a juicio. Eso desaparecería”, indicó.

La discusión también pone sobre la mesa una tensión de fondo que excede al mercado inmobiliario. De un lado, una visión que busca eliminar barreras de entrada y promover mercados más abiertos; del otro, una defensa del esquema profesional como garantía de transparencia y previsibilidad.

Aunque el proyecto todavía no fue debatido en el Congreso, se estima que el Gobierno enviará el proyecto en mayo de 2026. El rechazo de los colegios ya marca el tono de lo que será una discusión intensa en los próximos meses. En el sector anticipan que el tema no solo impactará en corredores y martilleros, sino también en desarrolladores, propietarios e inquilinos, en un contexto donde el mercado inmobiliario todavía busca consolidar su recuperación.