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Privatización de AySA: el Gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión y acelera la venta al sector privado
El Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con la aprobación de un nuevo contrato de concesión, una medida central para reordenar el funcionamiento de la compañía y preparar su transferencia al sector privado.
Desde el Gobierno de Javier Milei aseguran que la decisión se inscribe dentro de la estrategia oficial de desprenderse de empresas públicas y apunta a generar condiciones más previsibles para atraer inversores. En este contexto, el nuevo esquema contractual no solo establece las bases de la futura operación privada, sino que también redefine aspectos clave del servicio.
"La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, señaló Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a través de un comunicado de la empresa al que tuvo acceso informerconstrucción.com
El rediseño del contrato introduce cambios regulatorios orientados a otorgar mayor flexibilidad operativa al futuro concesionario, al tiempo que busca garantizar la sostenibilidad económica del sistema. En paralelo, se consolida un esquema que habilita ajustes en la gestión del servicio, en línea con un modelo más cercano a criterios de mercado.
Este paso forma parte de una hoja de ruta más amplia que contempla la venta del paquete accionario mayoritario de la empresa. La intención oficial es transferir el control operativo a un actor privado mediante licitación, en un proceso que podría concretarse en los próximos meses si se cumplen los plazos previstos.
AySA llega a esta instancia en una situación diferente a la de años anteriores. Según el comunicado, tras un período de ajustes tarifarios y reducción de subsidios, la empresa logró mejorar sus resultados económicos, un factor que el Gobierno considera clave para elevar su atractivo de cara a potenciales interesados.
Más allá del proceso de privatización en sí, el movimiento tiene implicancias directas sobre el sector de la construcción y la infraestructura. El futuro operador será responsable de sostener y expandir la red de agua y saneamiento, lo que podría derivar en una nueva etapa de inversiones, especialmente en el área metropolitana.
Sin embargo, el alcance de ese impulso dependerá de variables todavía abiertas, como el esquema tarifario definitivo, las condiciones de rentabilidad del negocio y el contexto macroeconómico. Para desarrolladores y empresas constructoras, la principal incógnita pasa por la previsibilidad de las obras y la continuidad de los proyectos en curso.
El avance sobre AySA también reabre un debate histórico en la Argentina. La empresa ya atravesó un proceso de privatización en la década del noventa y fue reestatizada en 2006, en medio de cuestionamientos por incumplimientos en inversiones y calidad del servicio. En esta nueva etapa, el Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mejorar la eficiencia y reducir el peso fiscal, mientras que otros sectores advierten sobre los posibles efectos en tarifas y acceso.