El Gobierno analiza desregular el mercado inmobiliario: qué cambios podrían impactar en la compraventa y los alquileres

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo paquete de desregulaciones que podría tener impacto directo en el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Las iniciativas, que ya sectores cercanos al Gobierno venían pensando hace varios meses, forman parte de la agenda económica impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y se inscriben en la estrategia de apertura económica que la administración de Javier Milei viene desplegando desde la aprobación de la Ley Bases.

Según explican desde el oficialismo, el objetivo es eliminar normas consideradas innecesarias o excesivas que, en muchos casos, terminan encareciendo operaciones o limitando la competencia.

El programa no se limita al real estate. También contempla cambios en el sistema de seguros y en el mercado de capitales, con el propósito de ampliar las opciones de financiamiento y reducir costos para empresas y consumidores. 

Digitalización de las escrituras

Según publica el periodista José Luis Cieri en Ámbito.com, uno de los cambios que se analizan para el sector inmobiliario es la digitalización completa del proceso de escrituración.

La iniciativa apunta a implementar sistemas de firma digital y registros remotos que permitan realizar transferencias de dominio sin necesidad de que las partes estén presentes físicamente en todas las etapas del trámite.

En el Gobierno consideran que esta medida podría reducir tiempos administrativos y simplificar operaciones que actualmente pueden extenderse durante varias semanas. 

Revisión de los costos de cierre

Otro de los aspectos en estudio es el esquema de honorarios notariales y aranceles vinculados a la compraventa de propiedades.

Actualmente, el costo total de una operación inmobiliaria, que incluye honorarios de intermediación, gastos notariales, impuestos y otros cargos administrativos, puede representar entre el 7% y el 10% del valor del inmueble.

La propuesta oficial apunta a revisar los aranceles fijos y permitir acuerdos más flexibles entre las partes, con el objetivo de reducir el costo total de las transacciones. 

El debate sobre la intermediación inmobiliaria

El punto más sensible del paquete de reformas se relaciona con el modelo de intermediación inmobiliaria.

El Gobierno analiza modificar el sistema actual de colegiación obligatoria para el ejercicio del corretaje. En la práctica, esto implicaría revisar la exigencia de matrícula profesional que hoy se requiere para operar en el sector.

La discusión enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, quienes sostienen que la regulación actual garantiza estándares profesionales y protege a los consumidores. Por otro, quienes consideran que estas normas funcionan como barreras de entrada que restringen la competencia. 

Un nuevo esquema para el corretaje

Según especialistas consultados por Ámbito.com, entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de considerar el corretaje inmobiliario como un servicio de intermediación comercial, con menores requisitos regulatorios que los actuales.

-En ese marco, el modelo que se discute incluiría varios cambios relevantes:

-Eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer la actividad

-Eliminación de restricciones para operar entre distintas jurisdicciones

-Revisión del rol de los colegios profesionales

-Reliminación de aranceles mínimos obligatorios

-Mayor libertad para acordar honorarios

El esquema también contempla el desarrollo de la figura del agente inmobiliario, con capacitaciones más breves y un marco regulatorio más flexible. 

Cambios en las garantías de alquiler

El paquete de reformas también incluye modificaciones en el sistema de seguros, especialmente en el segmento de seguros de caución utilizados como garantía en contratos de alquiler.

Actualmente, la emisión de estas pólizas está concentrada en un número reducido de compañías.

La propuesta oficial busca ampliar la cantidad de entidades habilitadas para ofrecer este tipo de productos, incluyendo a entidades financieras y otros actores del sistema.

El objetivo es aumentar la competencia y reducir el costo de las garantías, un factor que suele representar una dificultad para muchos inquilinos.

Financiamiento e inversión

El tercer eje de las reformas se enfoca en el mercado de capitales.

El Gobierno analiza crear un segmento con menos regulaciones que facilite la emisión de acciones, bonos y otros instrumentos financieros por parte de empresas privadas.

La idea es ampliar las alternativas de financiamiento para proyectos productivos y de inversión, incluyendo desarrollos inmobiliarios, mediante procesos más simples y menos costosos. 

Una nueva etapa del programa económico

Las iniciativas forman parte de la segunda etapa del programa de liberalización económica impulsado por la actual administración.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres y la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno busca avanzar ahora sobre regulaciones que considera obstáculos para el funcionamiento de distintos mercados.

En el caso del sector inmobiliario, el diagnóstico oficial sostiene que una reducción de regulaciones podría facilitar operaciones, aumentar la competencia y mejorar la dinámica del mercado.

Sin embargo, el alcance final de estas reformas y su impacto sobre el funcionamiento del sector aún se encuentra en discusión.