Actualidad
Propiedad privada: El Gobierno de Javier Milei impulsa los desalojos exprés ante ocupaciones ilegales
El Gobierno nacional comandado por el presidente Javier Milei avanza en una nueva serie de iniciativas legislativas que enviará al Congreso con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada y generar condiciones más atractivas para la llegada de inversiones.
El paquete forma parte de una ampliación de la agenda oficialista en materia económica y jurídica, luego de los recientes avances parlamentarios en reformas laborales y modificaciones al Código Penal. En este contexto, la administración busca consolidar un marco normativo que reduzca la incertidumbre y promueva la actividad en sectores clave.
Uno de los ejes centrales de las propuestas es la creación de un mecanismo de desalojo rápido para casos de ocupación ilegal de viviendas. El proyecto contempla la implementación de un procedimiento abreviado que permitiría restituir un inmueble a su propietario en un plazo inferior a cinco días.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a resolver con mayor celeridad situaciones de usurpación, mediante un trámite judicial simplificado y de carácter sumarísimo. La medida fue adelantada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que el objetivo es garantizar una respuesta ágil ante ingresos irregulares a propiedades privadas.
En el Gobierno consideran que las ocupaciones ilegales representan un factor de incertidumbre que impacta directamente en el mercado inmobiliario, especialmente en el segmento de alquileres. En ese sentido, entienden que contar con procesos de restitución más rápidos podría incentivar a los propietarios a volver a ofrecer sus inmuebles, en un contexto de reconfiguración del sector tras los cambios regulatorios recientes.
Pero las iniciativas no se limitan al plano habitacional. El oficialismo también evalúa avanzar con modificaciones en el régimen que regula la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. Según la visión oficial, las restricciones actuales funcionan como un freno para inversiones en áreas estratégicas como la energía, la minería y la agroindustria.
El procedimiento funcionará así: una vez iniciada la demanda y acreditada la titularidad del inmueble, el juez deberá ordenar la restitución en un plazo máximo de 5 días. Se trata de un trámite sumarísimo que elimina casi todas las instancias intermedias.
La medida podrá ejecutarse incluso cuando el inmueble se encuentre momentáneamente desocupado. El objetivo declarado es frenar la proliferación de ocupaciones ilegales y dar mayor certeza jurídica a los propietarios que enfrentan usurpaciones.
La administración de Milei sostiene que Argentina atraviesa una etapa de creciente interés por parte de inversores internacionales, y que la eliminación de ciertas limitaciones podría facilitar la concreción de proyectos productivos de gran escala.
De este modo, el Gobierno busca instalar en el Congreso un debate que combine seguridad jurídica, propiedad privada y condiciones para la inversión, en un intento por dinamizar tanto el mercado inmobiliario como la economía en general.