Construyeron una casa con fallas estructurales, tuvieron que demolerla y la Justicia condenó a los arquitectos a pagar $78 millones

Un proyecto para construir una vivienda familiar terminó en un conflicto judicial millonario en La Plata. Una familia que había contratado a dos arquitectos para diseñar y dirigir la construcción de su casa descubrió graves fallas estructurales que comprometían la seguridad del inmueble. Tras analizar las pruebas y los informes técnicos, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata elevó la indemnización a más de $78 millones.

El caso vuelve a poner en discusión la importancia de la dirección de obra y las responsabilidades de los profesionales que intervienen en un proyecto de construcción, especialmente cuando se presentan deficiencias que afectan la estabilidad y la seguridad de una edificación.

Según la información publicada por TN, la demanda fue iniciada por una mujer y sus dos hijos, quienes habían contratado a los arquitectos para construir una vivienda en un terreno de su propiedad. El acuerdo contemplaba la elaboración de los planos, los trámites de empadronamiento y la dirección ejecutiva de los trabajos.

Sin embargo, la construcción se interrumpió cuando apenas se había completado aproximadamente una cuarta parte del proyecto.

Las fallas estructurales que obligaban a demoler la vivienda

Las evaluaciones técnicas realizadas posteriormente detectaron importantes irregularidades en distintos componentes de la edificación. Los problemas involucraban columnas, vigas y mampostería, elementos fundamentales para garantizar la estabilidad y resistencia de una construcción.

Los peritos determinaron que las deficiencias representaban un riesgo concreto de derrumbe y que no podían solucionarse mediante reparaciones parciales.

La conclusión fue contundente: la estructura no podía aprovecharse de manera segura y debía demolerse por completo para comenzar nuevamente la construcción.

De esta manera, la familia no solamente perdió la posibilidad de avanzar con su vivienda, sino que también quedó frente a la necesidad de afrontar nuevos gastos para concretar el proyecto original.

Por qué la Justicia responsabilizó a los arquitectos

Uno de los puntos centrales del expediente fue determinar hasta dónde llegaba la responsabilidad profesional de los arquitectos contratados.

Durante el proceso judicial, los arquitectos argumentaron que la ejecución material de los trabajos había estado a cargo de un constructor independiente y que, por lo tanto, no correspondía atribuirles las deficiencias detectadas.

Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo. Los magistrados consideraron que los profesionales tenían la obligación de controlar y supervisar adecuadamente la obra, independientemente de quién estuviera a cargo de realizar las tareas constructivas.

En ese sentido, el tribunal entendió que las irregularidades detectadas evidenciaban un incumplimiento de las obligaciones asumidas en relación con la dirección ejecutiva del proyecto.

La aseguradora también cuestionó distintos aspectos de la resolución e intentó sostener que algunos sectores de la construcción podían recuperarse para reducir los costos de reparación. No obstante, las conclusiones periciales respaldaron la necesidad de demoler toda la estructura.

Cómo se calculó la indemnización de $78 millones

En primera instancia, la demanda había sido admitida y se había establecido una compensación superior a los $70 millones, además de los intereses y las costas judiciales.

Al revisar el expediente, la Cámara incrementó los montos reconocidos y estableció una indemnización superior a los $78 millones, integrada por dos conceptos principales.

Por un lado, se fijaron más de $60 millones en concepto de daño emergente, destinados a compensar los perjuicios económicos y materiales ocasionados por la construcción defectuosa.

Por otro, se reconocieron $18 millones por daño moral, en consideración a la angustia, la frustración y las consecuencias personales que atravesó la familia al no poder concretar su vivienda.

Los jueces también tuvieron en cuenta el endeudamiento asumido para financiar el proyecto y las dificultades que enfrentaron los demandantes al no poder utilizar la propiedad.

Para actualizar los valores, el tribunal aplicó el Índice del Costo de la Construcción (ICC) publicado por el INDEC y estableció los intereses correspondientes.

La importancia de la dirección y supervisión de obra

El fallo deja un antecedente relevante para el ámbito de la construcción y vuelve a poner de relieve la responsabilidad que asumen los profesionales cuando son contratados para dirigir y supervisar un proyecto.

La intervención de un arquitecto no se limita necesariamente a la elaboración de planos o al diseño de una vivienda. Cuando el contrato incluye la dirección ejecutiva de los trabajos, también existen obligaciones vinculadas con el control del proceso constructivo y el cumplimiento de las condiciones técnicas correspondientes.

En este caso, la Justicia consideró que la existencia de un constructor independiente no eximía a los arquitectos de las responsabilidades derivadas de las tareas de dirección que habían asumido.

El resultado fue una condena económica superior a los $78 millones y una vivienda que deberá demolerse completamente, una situación que refleja las consecuencias que pueden tener las fallas estructurales y la falta de controles adecuados durante el desarrollo de una obra.