La disputa entre RE/MAX y el Colegio Profesional Inmobiliario suma un fallo clave y una multa millonaria

El mercado inmobiliario sumó un nuevo capítulo en la disputa entre RE/MAX Argentina y el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI), anteriormente conocido como CUCICBA. La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) resolvió que la entidad incurrió en abuso de posición dominante contra corredores inmobiliarios vinculados a la red y le impuso una multa de $290.010.000.

La resolución, emitida el 9 de octubre, fue el resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en 2021 por RE/MAX Argentina y un grupo de profesionales que trabajan bajo su modelo comercial. Según el organismo, el colegio utilizó de manera discriminatoria sus atribuciones regulatorias y disciplinarias para obstaculizar el acceso, la permanencia y el desarrollo profesional de esos corredores.

El conflicto entre ambas partes lleva más de una década y se relaciona con las diferencias en torno al modelo de negocios de la franquicia inmobiliaria y las condiciones bajo las cuales sus integrantes desarrollan su actividad en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué determinó la Autoridad Nacional de la Competencia

Uno de los principales puntos de la investigación fue la aplicación desigual de las normas disciplinarias. Según la ANC, los corredores vinculados a RE/MAX recibieron sanciones de manera selectiva y mayoritaria, mientras que otros profesionales ajenos a esa red no habrían tenido el mismo tratamiento frente a conductas similares.

El organismo también señaló que entre quienes no recibieron sanciones equivalentes había integrantes del propio Tribunal de Disciplina del CPI. Esta situación fue considerada dentro del análisis sobre el uso de las facultades institucionales y su posible incidencia en las condiciones de competencia del mercado.

Otro aspecto relevante fue el posible conflicto de intereses derivado de que algunas de las personas que ejercían funciones regulatorias y disciplinarias también competían comercialmente con los corredores afectados. De acuerdo con la resolución, esa circunstancia habría favorecido un uso selectivo de las atribuciones del colegio, en perjuicio de determinados profesionales. La investigación también identificó obstáculos para la matriculación de corredores y restricciones en el acceso a servicios y herramientas institucionales necesarias para ejercer la actividad inmobiliaria.

Una multa millonaria y recomendaciones para cambiar las reglas

Como consecuencia de las conductas identificadas, la ANC ordenó al Colegio Profesional Inmobiliario que cese las prácticas consideradas anticompetitivas y discriminatorias. La sanción económica asciende a $290,01 millones, según el monto fijado al momento de la resolución.

Sin embargo, el alcance de la decisión va más allá de la penalidad económica. El organismo formuló recomendaciones al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Legislatura porteña para revisar las regulaciones que pueden funcionar como barreras de acceso a la actividad inmobiliaria.

Entre los objetivos planteados figuran garantizar condiciones de igualdad entre los profesionales y establecer mecanismos de control sobre el ejercicio de las facultades regulatorias y disciplinarias de los colegios profesionales.

Estas recomendaciones abren un nuevo frente de discusión sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario, el alcance de las atribuciones de las entidades que regulan el ejercicio profesional y las condiciones que deben cumplir los distintos modelos comerciales que operan en el sector.

La respuesta de RE/MAX y el impacto en el sector

Tras conocerse la resolución, Sebastián Sosa, presidente y cofundador de RE/MAX Argentina y Uruguay, sostuvo que la decisión representa un punto de inflexión después de años de conflicto con el colegio porteño. El empresario defendió la posibilidad de que los corredores elijan las herramientas comerciales y de marketing que consideren adecuadas para desarrollar su actividad, sin enfrentar obstáculos ni recibir un trato desigual por adoptar un modelo de trabajo diferente.

Desde la compañía consideraron que el pronunciamiento excede la disputa particular con el CPI y puede contribuir a modificar las condiciones de competencia en el mercado inmobiliario. Según esa postura, la igualdad de reglas permitiría ampliar la variedad de servicios y las alternativas disponibles para los consumidores.

La resolución vuelve a poner en debate la relación entre la regulación profesional y la libertad de organización comercial dentro del negocio inmobiliario. En particular, plantea interrogantes sobre los límites de las facultades disciplinarias de las entidades profesionales cuando sus decisiones pueden afectar la competencia entre operadores del mismo mercado.

El alcance de los cambios dependerá, en parte, de cómo se instrumenten las recomendaciones de la ANC y de las eventuales modificaciones normativas que puedan impulsar las autoridades nacionales y porteñas.

De esta manera, la sanción contra el CPI no solo marca un avance en la disputa entre la entidad y RE/MAX, sino que también instala una discusión más amplia sobre las reglas de competencia, las barreras de entrada y el ejercicio de la actividad inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires y por qué no a nivel nacional.