Recorte en obra pública, deuda y blanqueo, las opciones oficiales para obtener fondos

ARGENTINA.- El fallo de la Corte Suprema que frenó ayer el aumento a la tarifa del gas hogareño le generó un nuevo conflicto al Gobierno que busca mantener la meta de déficit fiscal.

La decisión de aumentar la tarifa había sido tomada por el presidente Mauricio Macri, quien definió sobre tres posibles opciones que le presentó el ministro de Energía Juan José Aranguren. Ahora, es también el propio Macri quien definirá entre otras tres opciones para paliar el déficit de $ 10.000 millones que generaría el freno al tarifazo sobre el gas y poder cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal a un 4,8%.

Según se  pudo saber, la primera es utilizar fondos que ingresen del blanqueo de capitales. La segunda es emitir deuda y la tercera es recortar fondos de la obra pública.

El ala económica buscará convencer al Presidente que elija entre las últimas dos opciones, deuda u obra pública; y que no se utilicen los fondos que puedan entrar con el plan de exteriorización de capitales del que todavía no hay información respecto a los ingresos obtenidos.

De elegir este camino, Hacienda volverá a preparar una nueva emisión. En poco menos de ocho meses el Gobierno ya emitió, sin contar la deuda con los holdouts, por u$s 9950 millones, aumentando alrededor de seis puntos el peso de la deuda sobre el PBI respecto del 2015, pasando del 25% al 31% del producto.

La otra opción que buscarán imponer es el recorte de los fondos disponibles para la obra pública y es la que, por lo menos por sus dichos públicos, contaría con el aval del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, había anunciado un plan de algo más de $ 70.000 millones en obra pública para el segundo semestre. Gran parte de esto iba a llegar replicando el decreto del primer semestre que estableció un plan de obras por $ 98.000 millones, entre las que está el soterramiento del Sarmiento.

Pero no todos están de acuerdo en optar por el recorte en ese área. "Desde Interior no vamos a bajar ninguna obra. Sigue todo en pie y avanzando" aseguraron fuentes cercanas a Frigerio.

La ventaja que tiene este sector es que no necesita los fondos juntos y que las licitaciones se pueden espaciar en el tiempo. Es decir, no cae ninguna obra, sino que cambia el ritmo. Pero entre las empresas privadas ligadas a la obra pública no se mostraron tan optimistas, más después de los dichos de Prat-Gay y Marcos Peña.

Desde las constructoras afirmaron que el sector se comenzó a dinamizar "porque se activó un ambicioso plan" y que esa inercia de obras, "que tardaron en empezar, no se detendrá".

Sin embargo, mirando hacia adelante reconocieron que el plan de obra pública cuyo financiamiento aún no está completo "se nutre de varias fuentes" y entiende que la decisión de la Corte "obligará al Gobierno a reasignar partidas para cerrar las cuentas".

En ese contexto, los privados calculan que se "recortará alrededor del 10%" de los fondos destinados para la obra pública en el segundo semestre. Se estima que hay $ 75.000 millones para obras para lo que queda del año, si se cumplen esa estimación obtendrían gran parte de los fondos que necesitan.