¿En qué quedó el proyecto “vivienda vacía” que aterra a las inmobiliarias?

La asociación Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires que permanezcan vacías por más de 90 días consecutivos ingresen "de forma obligatoria" a un sistema de alquiler protegido, en una iniciativa que apunta a dar una solución a la falta de inmuebles disponibles para la renta.

"Hemos decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la Ciudad", dijo Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, y agregó que "cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico".

Es que, de acuerdo con un estudio elaborado por la Mesa de estudio de viviendas vacías, casi una de cada 10 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece sin ocupar y la mayoría de ellas está en barrios como Puerto Madero, Palermo y Recoleta.

La iniciativa establece que "toda vivienda vacía por más de 90 días ingrese de forma obligatoria al Sistema de Alquiler Protegido", el cual estará administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que deberá fijar un precio de renta equivalente al 1% del valor fiscal de la propiedad.

También define a la vivienda ociosa como "aquella que registre durante el lapso de tres meses consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes", así como las que "no se hayan registrado su contrato de alquiler", tal como lo determina la normativa vigente.

¿Qué piensan desde el sector inmobiliario?

El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) consideró que es "ilegal e ilegítimo" el proyecto presentado por Inquilinos Agrupados en la Legislatura porteña, que propone pasar a alquiler a las viviendas que permanezcan vacías por más de 90 días.

“Más allá de lo ilegal e ilegítimo de una medida de este estilo, un sistema como el propuesto por este grupo, el mismo que promovió la nefasta y fallida Ley de Alquileres, solo serviría para hacer más daño a nuestro ya golpeado sector", indicó el CPI en un comunicado.

Según el CPI, "en la práctica, esto conllevaría a una eliminación de la propiedad privada, lo que convierte a este proyecto en algo absolutamente inviable y decididamente inconstitucional".

"La intervención estatal en el sector inmobiliario solo ha tenido como consecuencia la asfixia del mismo, desincentivando la inversión en un sector que es uno de los principales generadores de fuentes de trabajo de nuestra economía. Paradójicamente quienes más lo sufren son los propios inquilinos a quienes, supuestamente, se dice querer beneficiar", agregó el organismo.

Asimismo, señaló que "una iniciativa de este tipo genera pánico entre los propietarios" y que de aprobarse "generaría una caída libre de la oferta locativa de CABA, lo que provocaría un mayor aumento de los valores locativos".

La entidad sostuvo que "el camino para revitalizar el sector inmobiliario nunca puede ser el de la destrucción de todas las reglas y derechos que existen en torno a la propiedad privada”, y consideró que “por el contrario, desde el Estado se debería avanzar en buscar soluciones que fomenten la inversión, el trabajo y la oferta de inmuebles para alquilar".