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Sector Inmobiliario

Crean un frente nacional de inquilinos para defender sus derechos y evitar los abusos

- Uno de los objetivos será peseguir la actualización de la legislación en materia de alquileres, una mayor regulación del mercado inmobiliario y que se solucione el déficit habitacional.
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ARGENTINA.- De acuerdo con el último censo nacional, unos 6 millones de argentinos viven en una propiedad alquilada. Y aunque se trata de un sector social considerable, hasta el momento careció de una herramienta política con la cual darle visibilidad a la gran cantidad de abusos que padece. Con el objetivo de revertir ese déficit, según consignó Tiempo Argentino, organizaciones de inquilinos desperdigadas en distintos puntos del país confluyeron días atrás en el "Frente de Inquilinos Nacional", una iniciativa que persigue la actualización de la legislación vigente en materia de alquileres, una mayor regulación sobre el mercado inmobiliario y la promoción de proyectos que mejoren las condiciones de los inquilinos. "Hoy son tres las principales quejas de los inquilinos: las garantías; los altísimos costos para ingresar a una vivienda, que además son ilegales y en tercer lugar los arreglos de vivienda que siempre están a cargo del inquilino cuando el Código Civil dice lo contrario", explica Gervasio Nuñez, de ATE Inquilinos, una de las organizaciones que motorizó la conformación del Frente. Además de ATE inquilinos –gremio que nivel nacional responde a Pablo Micheli pero que en Capital está alineado con el kirchenerismo–, participan del Frente la Asociación Platense de Inquilinos, la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, de Rosario, de Río Negro, Neuquén y la Unión Argentina de Inquilinos. Desde las organizaciones que defienden los intereses de los inquilinos sostienen la necesidad de reformar la ley de alquileres vigente desde 1985 al quedar desactualizada ante los cambios que atravesó el mercado de la vivienda y el mayor valor que adquirió la tierra desde 2003. "La idea es que deje de ser una ley escueta y sea una cuya filosofía esté enmarcada dentro de la función social de la vivienda. Y que entonces el inquilino, cuando se sienta a firmar un contrato, firme un contrato por una vivienda –un derecho básico– y no un contrato comercial entre privados", concluyó Nuñez.

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