10/11/2017

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Chile: diputada propone una nueva política de vivienda en la que todos lleguen al techo propio

Según la diputada, “la vivienda debe ser entendida como un derecho humano y no como una mercancía”.

CHILE.- “La vivienda debe ser entendida como un derecho humano, y no como una mercancía”; Mabel Zúñiga, candidata a diputada V Costa por el Frente Amplio. Por lo mismo, se hace imperativo trabajar por una nueva Constitución que reivindique este derecho teniendo en cuenta el carácter intercultural de nuestro país y la necesidad de reconocer y garantizar explícitamente los derechos de los sectores más discriminados por un modelo que se basa en la distribución desigual de la riqueza: los pueblos indígenas, los migrantes, las personas de la tercera edad y aquellas con discapacidad, Indicó

Siendo nuestra región la región con más altos índices de campamentos en el país, este debe ser un tema de principal preocupación para las futuras autoridades de la zona. El nuevo gobierno debe tomar medidas inmediatas para abordar la discriminación y la estigmatización de los que viven en campamentos, en asentamientos informales y en las periferias de las ciudades, sincerando las estadísticas sobre las necesidades reales de vivienda, y abriendo el catastro de campamentos cerrado desde el año 2011.

Lo siguiente será trabajar porque el Estado asuma su rol de garante del derecho a una vida digna, asegurando contar con un Banco de Tierras suficiente y adecuado para asegurar la inclusividad en nuestras ciudades, frenando la especulación del suelo urbano con medidas impositivas más drásticas a los grandes lotes eriazos que no son puestos a la venta para la producción de viviendas sociales, y apuntando a la recuperación de los beneficios del sector inmobiliario y de la construcción que han sido obtenidos a partir del esfuerzo de la comunidad, para que sean canalicen hacia la producción de viviendas sociales, asegurando desde el punto de vista urbano los elementos mínimos del derecho a una vivienda adecuada: servicios básicos incluyendo agua, saneamiento y electricidad a todas las comunidades asentadas en terrenos públicos y la reforma a las leyes que impiden que se asegure que estos servicios estén a disposición de la población en terrenos privados.

En lo legal, se debe promover leyes para el saneamiento del problema de la tenencia contemplando las diversas opciones de regularización del dominio, más allá de la propiedad individual, por ejemplo, viviendas cooperativas y otros modelos de propiedad comunitaria. Adicionalmente, se debe redactar una nueva ley de migración que apunte a la protección de los derechos socioeconómicos de todos los migrantes.

Chile debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Meta 11.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando los recursos para que todos los asentamientos informales se regularicen de manera oportuna. Ningún desalojo de tierras privadas se podrá

realizar a menos que se cumpla estrictamente la normativa internacional de derechos humanos y a menos que se disponga de un alojamiento alternativo adecuado para todos los residentes. Finalizó.



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